Derecho regulatorio
En un sector regulado, cada decisión comercial debe resistir la revisión de una autoridad
Asesoramos a empresas de salud, telecomunicaciones, consumo, servicios básicos y concesiones en fiscalizaciones sectoriales, libre competencia, relación con la Contraloría y programas de cumplimiento, sin perder agilidad comercial.
Asesoría a empresas reguladas
Leading Firm en Real Estate
Miembro de la Cámara de Comercio
Abogados, ingenieros y arquitectos
Por qué el derecho regulatorio se gestiona antes de la fiscalización
Una empresa en un sector regulado convive con varias autoridades a la vez. El regulador sectorial fiscaliza su operación, la Contraloría interpreta las normas cuando hay contratos o concesiones con el Estado, y la Fiscalía Nacional Económica investiga cuando una decisión comercial puede afectar la libre competencia. Cada una aplica criterios propios y plazos breves.
El costo de reaccionar tarde es alto. En el caso del papel tissue, dos empresas que concentraban cerca del 90 % del mercado masivo fueron condenadas por colusión entre 2000 y 2011. La Corte Suprema aplicó en 2020 multas de 20.000 UTA a cada una y ordenó programas de cumplimiento, además de una compensación a los consumidores de $7.000 por persona.
El derecho regulatorio sirve para evaluar el riesgo de una decisión antes de tomarla. Un dictamen de la Contraloría General de la República que contradice la práctica interna de una empresa rige desde su emisión, y una operación que no lo anticipó queda expuesta de inmediato.
| Situación | Sin asesoría preventiva | Con asesoría en derecho regulatorio |
|---|---|---|
| Fiscalización sectorial | Sin asesoría preventivaSe responde bajo presión, sin protocolo previo. | Con asesoría en derecho regulatorioSe enfrenta con un protocolo interno y respaldo documental ordenado. |
| Libre competencia | Sin asesoría preventivaEl riesgo se detecta cuando la Fiscalía ya abrió una investigación. | Con asesoría en derecho regulatorioSe evalúa antes de fijar precios, firmar un acuerdo o notificar una fusión. |
| Dictámenes de la Contraloría | Sin asesoría preventivaSe descubre un dictamen adverso cuando ya se aplica. | Con asesoría en derecho regulatorioSe monitorea la jurisprudencia administrativa y se ajustan los contratos. |
| Protección de datos | Sin asesoría preventivaLa adecuación a la nueva ley se posterga hasta la primera fiscalización. | Con asesoría en derecho regulatorioSe inventarían los tratamientos y se ajustan políticas, contratos y consentimientos. |
| Modelo de prevención de delitos | Sin asesoría preventivaExiste en el papel, sin controles ni responsables. | Con asesoría en derecho regulatorioSe diseña con la matriz de riesgos real de la empresa y se certifica. |
Qué cubre nuestra práctica de derecho regulatorio
Trabajamos con empresas fiscalizadas por superintendencias, seremis, ministerios y organismos autónomos, y con empresas privadas que contratan con el Estado. En educación y en energía coordinamos con las prácticas especializadas de la firma. Algunas empresas nos consultan ante un requerimiento en curso. Otras prefieren un acompañamiento permanente, con revisiones periódicas de sus riesgos y alertas sobre cambios normativos, dictámenes y criterios de la autoridad que puedan afectar su operación.
Fiscalizaciones y sanciones sectoriales
El problema. Un procedimiento sancionatorio mal enfrentado puede terminar en multas, suspensión de autorizaciones o daño reputacional.
Cómo lo abordamos. Preparamos la respuesta a los requerimientos, presentamos descargos con prueba, interponemos los recursos de la Ley 19.880 y reclamamos judicialmente cuando la sanción no se ajusta a derecho.
El resultado. Una defensa ordenada desde el primer requerimiento hasta la última instancia.
Libre competencia
El problema. Una política de precios, un acuerdo con un competidor o una fusión puede abrir una investigación de la Fiscalía Nacional Económica.
Cómo lo abordamos. Evaluamos el riesgo de cada decisión comercial, preparamos la notificación obligatoria de operaciones de concentración, diseñamos programas de cumplimiento y representamos a la empresa ante la Fiscalía y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
El resultado. Decisiones comerciales con el riesgo medido antes de ejecutarse.
Contraloría, concesiones y contratación pública
El problema. Un dictamen de la Contraloría puede cambiar la interpretación de un contrato o de una concesión vigente.
Cómo lo abordamos. Monitoreamos la jurisprudencia administrativa, presentamos solicitudes de pronunciamiento, asesoramos en licitaciones y defendemos los derechos del contratista ante la autoridad.
El resultado. Contratos con el Estado que se ejecutan con certeza sobre las reglas aplicables.
Compliance y protección de datos personales
El problema. La responsabilidad penal de las empresas se amplió con la Ley 21.595 y la nueva ley de datos personales crea una agencia con facultades para multar.
Cómo lo abordamos. Diseñamos modelos de prevención de delitos, programas de cumplimiento y planes de adecuación a la Ley 21.719, en coordinación con el equipo de Asesoría Legal Corporativa.
El resultado. Un programa de cumplimiento que funciona en la operación y puede demostrarse ante la autoridad.
Qué enseñan tres casos de derecho regulatorio en Chile y en el extranjero
Los casos regulatorios de mayor impacto comparten un rasgo. La sanción llegó años después de la conducta, cuando la empresa ya no podía corregirla. En los tres casos, una evaluación previa habría permitido ajustar la práctica antes de que la autoridad interviniera.
Colusión sancionada con multa y compensación
Dos papeleras se asignaron cuotas de mercado y fijaron precios entre 2000 y 2011. La Corte Suprema aplicó en 2020 multas de 20.000 UTA a cada una, revocando el beneficio de delación compensada de la primera en confesar, y una compensación negociada entregó $7.000 a cada adulto del país.
La lección. Un programa de cumplimiento vale más antes de la conducta que como condena posterior.
Abuso de posición dominante
La Comisión Europea multó a Google en 2017 por favorecer su propio comparador de precios en los resultados de búsqueda. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó la multa en 2024, siete años después.
La lección. Una práctica comercial que parece neutra puede ser revisada por la autoridad durante años.
Transferencias internacionales de datos
En 2023 la autoridad irlandesa de protección de datos multó a Meta por transferir datos de usuarios europeos a Estados Unidos sin garantías suficientes, bajo el reglamento europeo en que se inspira la nueva ley chilena.
La lección. Las transferencias de datos y los proveedores externos deben revisarse antes de que la Ley 21.719 entre en vigencia.
Dónde interviene el derecho regulatorio en una decisión empresarial
La mayor parte del riesgo se controla en las dos primeras etapas. Una decisión evaluada antes de ejecutarse rara vez termina en un procedimiento sancionatorio, y si llega a ocurrir, la empresa cuenta con la documentación para defenderse. Por eso recomendamos revisar con anticipación las decisiones comerciales sensibles, los contratos con el Estado y los cambios normativos anunciados.
Decisión comercial, contrato o política interna.
Riesgo sectorial, de libre competencia y de datos.
Controles, capacitación y registros.
Requerimientos, inspecciones y cargos.
Descargos, recursos y reclamo judicial.
Tres autoridades y tres lógicas distintas de fiscalización
Una misma decisión puede interesar a más de una autoridad. Cada una tiene facultades, plazos y consecuencias diferentes, y la estrategia debe considerar a todas.
Regulador sectorial
Superintendencias, seremis y ministerios fiscalizan el cumplimiento de la normativa de cada industria. Sus procedimientos se rigen por leyes especiales y, en lo no regulado, por la Ley 19.880 de procedimiento administrativo.
Fiscalía Nacional Económica
Investiga conductas que pueden afectar la libre competencia y presenta requerimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Además revisa en forma obligatoria las operaciones de concentración que superan los umbrales legales.
Contraloría General de la República
Interpreta con carácter obligatorio las normas que aplica la Administración mediante dictámenes. Afecta a las empresas privadas cuando contratan con el Estado, operan concesiones o dependen de un permiso público.
Tres escenarios frecuentes en derecho regulatorio
El secreto profesional nos impide identificar a nuestros clientes. Estos escenarios muestran el tipo de problema que recibimos y la forma en que lo trabajamos.
Un requerimiento de información de la Fiscalía Nacional Económica
La situación. Una empresa de consumo recibe un oficio de la Fiscalía que solicita antecedentes sobre su política de descuentos con distribuidores.
El riesgo. Una respuesta incompleta o inconsistente puede ampliar la investigación y exponer comunicaciones internas.
Cómo se aborda. Revisar qué pide exactamente el oficio, ordenar la información con un protocolo de respuesta y evaluar la exposición real antes de contestar.
Un dictamen que cambia la interpretación de una concesión
La situación. La Contraloría emite un dictamen que modifica la forma de calcular una obligación en un tipo de concesión similar a la que opera la empresa.
El riesgo. Si la autoridad aplica el nuevo criterio, la empresa puede quedar en incumplimiento sin haber cambiado su conducta.
Cómo se aborda. Analizar el alcance del dictamen, evaluar una solicitud de reconsideración o de pronunciamiento específico y ajustar la operación mientras se resuelve.
La adecuación a la nueva ley de datos personales
La situación. Una empresa de servicios que trata datos de miles de clientes y comparte información con proveedores extranjeros debe prepararse para la Ley 21.719.
El riesgo. Sin inventario de datos ni contratos con los proveedores, la empresa no podrá demostrar cumplimiento ante la nueva agencia.
Cómo se aborda. Levantar el inventario de tratamientos, revisar las bases de licitud y las transferencias internacionales, y actualizar políticas y contratos.
Escenarios ilustrativos construidos a partir de situaciones frecuentes en nuestra práctica. No describen a una empresa determinada y no anticipan el resultado de un caso concreto.
¿Recibió un requerimiento de la Contraloría, la Fiscalía o un regulador?
Los plazos en un procedimiento administrativo son breves. Una revisión en los primeros días mantiene abiertas las opciones de defensa.
Cómo trabajamos un caso de derecho regulatorio en tres pasos
El mismo método se aplica a una fiscalización, a una evaluación de libre competencia y a la relación permanente con un regulador.
Diagnóstico regulatorio
Revisamos la exposición de la empresa frente al regulador sectorial, la Contraloría, la libre competencia y la protección de datos. Usted recibe un mapa de riesgos priorizado.
Plan de cumplimiento
Definimos acciones concretas para cerrar cada brecha, con responsables y plazos compatibles con la operación comercial.
Acompañamiento permanente
Representamos a la empresa en cada proceso administrativo y mantenemos el seguimiento de los cambios normativos que la afectan.
Normativa que rige el derecho regulatorio en Chile
Cuatro cuerpos legales concentran la mayor parte de los riesgos transversales que revisamos, además de la normativa propia de cada sector. Esta es una referencia general y no reemplaza el análisis de cada caso.
Ley de Defensa de la Libre Competencia
Sanciona la colusión y el abuso de posición dominante. Permite multas de hasta el 30 % de las ventas asociadas a la infracción o el doble del beneficio obtenido, y exige notificar las fusiones que superan los umbrales.
Ley de Procedimiento Administrativo
Regula los plazos, los derechos de los interesados y los recursos de reposición y jerárquico en los procedimientos ante los órganos de la Administración.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
La Ley de Delitos Económicos amplió los delitos por los que puede responder una empresa. Un modelo de prevención efectivo puede eximirla de responsabilidad.
Ley de Protección de Datos Personales
Crea la Agencia de Protección de Datos Personales, con multas de hasta 20.000 UTM. Su vigencia está prevista para el 1 de diciembre de 2026, y en septiembre de 2026 el Gobierno propuso postergarla hasta diciembre de 2027.
Un equipo de derecho regulatorio que conoce cómo decide la Administración
De la Maza y Cía Abogados ejerce desde 1998, con un equipo de 26 profesionales que integra abogados, ingenieros y arquitectos, y es miembro de la Cámara de Comercio Chileno-Suiza. El directorio Legal 500 reconoció a la firma como Leading Firm en Real Estate en su edición Chile 2026.
Integrantes del equipo han trabajado en organismos públicos, lo que aporta conocimiento directo de cómo se tramita un procedimiento administrativo desde el lado de la autoridad.
La práctica de derecho regulatorio trabaja con los equipos de Asesoría Legal Corporativa y de Litigios y Arbitrajes, y coordina con las prácticas de Derecho Educacional y de Energía y Medio Ambiente cuando el sector lo requiere.
Preguntas frecuentes sobre derecho regulatorio en Chile
Es el área del derecho que regula la relación de las empresas con las autoridades que fiscalizan su actividad, como superintendencias, ministerios, la Contraloría y la Fiscalía Nacional Económica. Abarca el cumplimiento normativo, los procedimientos sancionatorios y la defensa ante esos organismos.
Revisar el plazo de respuesta, identificar con precisión qué exige el requerimiento y reunir los respaldos antes de contestar. Una respuesta incompleta puede derivar en una formulación de cargos. Conviene designar a un responsable interno que coordine la respuesta y guarde copia de todo lo entregado.
Según la Ley 19.880, el recurso de reposición ante el mismo órgano y el recurso jerárquico ante el superior, además de los reclamos judiciales que establezca cada ley sectorial.
Cuando las ventas de las empresas involucradas superan los umbrales que fija la autoridad. En ese caso la operación no puede perfeccionarse antes de la aprobación de la Fiscalía.
Hasta el 30 % de las ventas de la línea de productos o servicios asociada a la infracción durante su duración, o hasta el doble del beneficio económico obtenido. Si ninguno puede determinarse, hasta 60.000 UTA. La colusión además es delito.
Es un pronunciamiento que interpreta normas de derecho administrativo. Obliga a los órganos de la Administración, y por esa vía afecta a las empresas que contratan con el Estado u operan concesiones.
Inventariar los datos personales que trata, revisar la base legal de cada tratamiento, actualizar políticas y contratos con proveedores, definir cómo responderá a los derechos de los titulares y preparar un protocolo para notificar brechas de seguridad.
La regulatoria se enfoca en la relación de la empresa con las autoridades y organismos fiscalizadores. La corporativa aborda la estructura societaria y las operaciones comerciales. Ambas trabajan coordinadas cuando una decisión comercial tiene efectos normativos.
Cada trámite regulatorio que se posterga es una contingencia que crece
Revise el estado de cumplimiento de su empresa antes de que una fiscalización decida por usted. En una primera reunión identificamos los riesgos y los pasos para resolverlos.
O lea nuestros análisis de derecho regulatorio
Última actualización: septiembre de 2026